El Poder Judicial de la Federación tiene tres ejes esenciales: 

1. La Suprema Corte de Justicia.

2. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y

3. Los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito.

Quienes tienen a su cargo la  administración, vigilancia y disciplina de las personas que integran a los juzgados de distrito y los tribunales de circuito corresponde al Consejo de la Judicatura Federal (CJF); este organismo fue creado en 1994 con la finalidad de velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de sus miembros.

Quienes intregran el CJF. 

  • 6 consejeros. Ellos deben operar con independencia e imparcialidad y una presidencia que asume actualmente el ministro Arturo Zaldívar, en su carácter de ministro presidente de Corte.
  • El CJF opera en Pleno y también por medio de seis Comisiones Especializadas entre las que destaca la Comisión de Disciplina. Esta Comisión cuenta con una Secretaría Ejecutiva que auxilia a dicha Comisión para lograr un ejercicio responsable, profesional y honorable de la función jurisdiccional.

Todo servidor público, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, tienen entre sus obligaciones esenciales “cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.

Cuando se detectan hechos que pudieran ser constitutivos de responsabilidad administrativa por parte de integrantes del Poder Judicial de la Federación se debe proceder presentando ante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina un oficio en el que se haga del conocimiento tales hechos, quienes son los responsables y su adscripción.

De acuerdo al texto legal el procedimiento puede iniciarse de oficio, por queja o denuncia presentada por cualquier persona, por un servidor público que tenga conocimiento de los hechos o incluso por un agente del Ministerio Público Federal. Si las denuncias son anónimas, sólo podrán ser tramitadas cuando estén acompañadas de pruebas documentales fehacientes. En los demás casos toda denuncia que se formule deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado.

El proceso interno continúa con la instrucción de formar y registrar el expediente con un número de denuncia. Una vez hecho esto, el asunto en cuestión se designa a un consejero para que en su ponencia se estudie el asunto y se elabore un proyecto que será presentado, analizado y discutido en sesión ordinaria de la Comisión de Disciplina. Aprobado el proyecto se someterá a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acuerdo propuesto por la Comisión para resolver el procedimiento disciplinario

El Pleno, a su vez, si lo considera adecuado, podrá ordenar de oficio el inicio de investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa contra magistrados de circuito y jueces de distrito; y contra los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales,4 con el fin de revisar a fondo todo el asunto minuciosamente y resolver de manera objetiva e imparcial.

Las investigaciones para determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos y empleados del propio CJF lo puede abarcar la revisión de grabaciones documentadas de las audiencias y sesiones de los juicios o de los recursos promovidos ante ellos, siguiendo estrictamente los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y acuerdos que el CJF dicte en materia disciplinaria.5

Durante este tiempo la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Disciplina puede solicitar a los promoventes del proceso que aclaren o brinden mayores datos, si lo aportado es considerado como confuso o impreciso.

Conforme a la ley, toda investigación deberá realizarse en un plazo que no será mayor a seis meses. Sin embargo, puede emitirse un acuerdo mediante el cual se autorice ampliar el plazo.

Cuando se considera que la investigación ha terminado o que se ha vencido el plazo para llevarla a cabo, se tendrá que presentar dentro de los 10 días hábiles siguientes, un proyecto de dictamen que se someterá a consideración para resolver el asunto.

Si en el dictamen se concluye que no existen elementos suficientes para advertir la probable existencia de alguna causa de responsabilidad administrativa, la información o documentos recabados en esa investigación podrán valorarse en una posterior, siempre y cuando lo autorice el órgano que ordenó la nueva investigación y no haya prescrito la facultad sancionadora.

Con base en el artículo 100, párrafos primero y cuarto, de la Constitución este procedimiento administrativo realizado por el CJF se llevará a cabo con independencia técnica y de gestión, dando plena facultad al CJF para determinar si sanciona o no a los servidores públicos jurisdiccionales.

Además de las normas administrativas, también se tomará en cuenta el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación para verificar que el comportamiento de las personas servidoras públicas en investigación no viola ninguno de los preceptos contenidos en él.

Si a partir del estudio de las documentales y demás datos a valorar el Pleno del CJF determina que existen elementos suficientes para establecer, de momento y a título probable, la responsabilidad del servidor público, en la comisión de la conducta denunciada, la sanción puede variar desde una amonestación privada o pública, hasta la inhabilitación y remoción del cargo de magistrados y jueces, dependiendo de la gravedad de los actos realizados. Estas resoluciones son definitivas y no pueden ser apeladas en ninguna otra instancia.

Juan Abelardo Hernández Franco. Investigador de la Escuela Judicial Electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

                                                                      eljuegodelacorte.nexos.com

1 Artículo 94 de la Constitución y artículo 68 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

2 Artículo 8.º, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

3 Artículo 132 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación.

4 Artículo 105 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil catorce.

5 Artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

6 Artículo 127 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil catorce.

7 Artículo 94 de la Constitución.

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